Las eléctricas denuncian que la reforma ‘verde’ de la luz favorece al gas en vez de a las renovables

La propuesta del Gobierno para reformar el mercado eléctrico y desligar el precio de la luz del gas ha tenido el efecto contrario al que se suponía: ha sido aplaudida por las gasistas y criticada por las eléctricas con más peso en energía renovable. Hay que recordar que la ministra Teresa Ribera encargó esta reforma a una consejera de Enagás – Natalia Fabra- con un evidente conflicto de interés, como adelantó OKDIARIO.

El sector critica, en primer lugar, que la propuesta se ha elaborado sin consultar a las empresas, que son las que conocen el mercado y las que pueden proponer soluciones eficaces. Y, en segundo lugar, que la letra pequeña de la reforma va en contra de la transición energética «verde» que se supone que abandera el Ejecutivo de PSOE y Podemos.

Precisamente, las compañías renovables son las que han puesto el grito en el cielo, y advierten de que la inseguridad jurídica puede poner en peligro más de 100.000 millones de euros en potenciales inversiones. El sector lamenta que la reforma «se haya realizado sin un análisis profundo del alcance de los cambios propuestos». Aelec, la patronal de las grandes eléctricas, ha apoyado estas críticas.

Por el contrario, la semana pasada la asociación de empresas gasistas, Sedigas, se manifestó a favor de la reforma, enfatizando la necesidad de garantizar la viabilidad de los ciclos combinados (las centrales que generan electricidad con gas). No obstante, coincidió con las renovables en que es necesaria una amplia consulta pública antes de ponerla en marcha.

Se da la circunstancia de que Enagás -donde es consejera la autora de la propuesta- es miembro de Sedigas. Natalia Fabra, profesora de la Universidad Carlos III y de filiación socialista, es hija del expresidente también socialista de Red Eléctrica Jorge Fabra, conocido por sus posiciones contrarias a la liberalización del mercado y a favor de las grandes empresas del sector. Su hija pertenece al Consejo Asesor de Asuntos Económicos para la vicepresidenta Nadia Calviño y al Foro para la Transición Energética Justa e Inclusiva montado por la propia Ribera. Como se puede apreciar, mantiene una estrecha relación con la ministra, que le adjudicó a dedo el contrato para diseñar la reforma del mercado eléctrico.

Este amiguismo y los conflictos de interés de Fabra han provocado que su propuesta se aleje mucho de los principios «verdes» de la transición ecológica que, sobre el papel, abandera el Gobierno.

La reforma

La propuesta es muy compleja y tiene varias patas. Su objetivo es desligar el precio de la luz en el mercado regulado (el famoso PVPC) de la cotización del gas. Dado que el gas suele ser la energía más cara -y más con la subida de 2021 y 2022- y que es la que suele marcar el precio marginal de las subastas, la idea al apartarla es que ese precio será más bajo.

Sin embargo, el efecto puede ser el contrario: encarecer aún más el recibo de la luz, como ha alertado OKDIARIO. La razón es que, sin el gas, no va a haber suficiente energía para cubrir la demanda muchos días; por ejemplo, cuando no haya viento o lluvia. Y ese déficit no se puede cubrir sólo con nuclear y carbón. En esos casos, las eléctricas pueden poner un precio muy alto a la energía generada con fuentes distintas del gas, que el nuevo sistema centralizado tendrá que aceptar para evitar apagones. Por ello, la reforma contempla una compensación, como las subastas de capacidad, que pagan a las centrales de gas no por lo que generan sino por estar disponibles para cuando sea necesaria su producción.